CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMISION DE JUSTICIA (30 noviembre 2016)

El Pleno aprueba 85 propuestas de resolución sobre las Memorias del Consejo General del Poder Judicial

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Entre las proposiciones del GRUPO SOCIALISTA figura la siguiente:

127. 22ª El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial para que  adopten las medidas necesarias que permitan superar aquellas deficiencias manifestadas por la UE que definió a la Administración judicial española como poco eficiente, de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa.

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Don Carlos Lesmes es el Presidente

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, CONCULCA EL ARTICULO 29 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA

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Artículo 29
    1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

    2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

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¡NI SIQUIERA EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIRNO!

¿PARA QUE SIRVE LA CONSTITUCION?.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PROPOSICION DE LEY PARA INCREMENTAR EL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL

El Pleno aprueba iniciar la tramitación de la propuesta de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional

fecha 22/11/2016

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El Congreso de los Diputados, en su sesión plenaria de hoy, ha aprobado la toma en consideración de una Proposición de Ley para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional. La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos- En Comú Podem – En Marea, ha salido adelante con 174 votos a favor, 137 votos en contra y 30 abstenciones.

Una vez superada esta primera votación, se abrirá el plazo de enmiendas al articulado y la iniciativa legislativa será remitida a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, en la que se debatirán y votarán enmiendas y se elaborará un dictamen que continuará su tramitación en el Senado.

El grupo proponente argumenta que el Comité Europeo de Derechos Sociales emitió en enero de 2105 su informe anual sobre el cumplimiento por parte de España de los derechos laborales, de negociación colectiva y libertad sindical que recoge la Carta Social Europea. Según las conclusiones emitidas por el citado Comité, se ha constatado que nuestro país incurre en graves incumplimientos en estas materias, incluyendo numerosos aspectos que hacen referencia al marco normativo de la legislación laboral, así como en relación a los niveles del salario mínimo interprofesional.

"El Comité considera que el salario mínimo interprofesional establecido por el Gobierno y la Ley de Presupuestos no asegura un nivel de vida decente. Recuerda que a fin de garantizar un nivel de vida decente en el sentido del artículo 4.1 de la Carta de 1961, la remuneración debe estar por encima del umbral mínimo, fijado en el 60% del salario medio neto", añade.

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PODEMOS, PSOE, OTROS = 174 VOTOS

800 euros mensuales

Por ello, Unidos Podemos- En Comú Podem-En Marea, propone un un aumento del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar los 800 euros mensuales a efectos de 1 de enero de 2018 y de 950 euros mensuales a efectos de 1 de enero de 2020, además de convenir que este salario "podrá incrementarse en años sucesivos, pero en ningún caso podrá disminuir".

Además, la iniciativa dispone que "la cuantía del salario mínimo interprofesional será objeto de revalorización al comienzo de cada año en función del IPC previsto".

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PARTIDO POPULAR  ¡no!                                   CIUDADANOS ¿ABSTENCION?.

EL TC AVALA POR UNANIMIDAD LA REFORMA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL APROBADA EN 2013

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Gabinete del Presidente

Oficina de Prensa

NOTA INFORMATIVA Nº 91/2016

FRANCISCO PEREZ DE LOS COBOS 2th    images

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha avalado la constitucionalidad de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, que reformó varios preceptos

de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) referidos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que fue recurrida por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

La sentencia afirma, entre otras cuestiones, que limitar el deber de comparecencia del presidente y los vocales del CGPJ ante las Cámaras a la explicación de la Memoria, como

hace el nuevo art. 564 LOPJ, no vulnera la Constitución. El Congreso y el Senado no pueden ejercer un control político sobre el CGPJ, pues ello pondría en riesgo su independencia; pero este límite no implica que los miembros del órgano de gobierno de los

jueces estén exentos de la obligación de colaborar con las Cámaras cuando éstas lo requieran o de acudir, si son llamados, a una comisión parlamentaria de investigación, deber este último que establece el art. 76.2 CE y que incumbe a todos los ciudadanos,

sean o no autoridades del Estado. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.

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El Tribunal realiza una interpretación conforme del art. 564 LOPJ. Así, rechaza que la limitación del contenido de las comparecencias parlamentarias vulnere el art. 72.1 CE, que atribuye a

las Cámaras la potestad de elaborar sus reglamentos. La “autonomía reglamentaria tiene una ‘dimensión interna’”, por lo que no corresponde a estas normas regular el “sistema de relaciones” entre las Cámaras y los demás “órganos

constitucionales”, como es el CGPJ.

Tampoco hay vulneración del art. 76.2 CE (obligación de comparecer ante las comisiones de investigación cuando la Cámara lo requiera), pues debe entenderse que la finalidad del artículo impugnado es

“regular un concreto aspecto de relaciones institucionales ordinarias”, limitado a la Memoria del CGPJ, sin que contenga ninguna mención respecto del deber de responder ante las comisiones de investigación de las

Cámaras, que obliga a todos los ciudadanos, sean o no autoridades públicas, y, por tanto,también a los miembros del CGPJ.

Los demandantes alegaban también que la reforma debió prever “un sistema de responsabilidad política” del CGPJ porque éste no está exento de rendir cuentas ante

las Cortes Generales y la ciudadanía. Sobre esta cuestión,la sentencia señala que la Constitución “descarta, sin sombra de duda, semejantes pretensiones de ‘responsabilidad’

y ‘control’ políticos sobre un órgano constitucional al que ha confiado, en garantía de la independencia de jueces y magistrados, unas funciones que no pueden quedar, sin

amenaza o daño para esa independencia, sujetas a fiscalización por el poder político, incluido, claro está, el que se expresa en las Cámaras representativas”.

El art. 564 LOPJ tampoco vulnera el art. 109 CE, pues debe entenderse que no afecta al deber de prestar “información y ayuda” a las Cámaras, deber que incumbe a

todas las autoridades y que la constitución establece en el citado artículo. El deber de información a la Cámaras también incumbe, por tanto, al CGPJ, “siempre que la solicitud al

efecto se corresponda con el ámbito de atribuciones del propio Consejo y no menoscabe el ejercicio independiente de las mismas”.

La demanda cuestiona que el CGPJ pueda constituirse, tras su renovación, aún en el caso de que una de las Cámaras a las que corresponde la elección de los

vocales no haya cumplido con ese deber dentro del plazo establecido; y que el eventual retraso en la designación de los vocales por una de las Cámaras se traduzca en la

reducción de la duración de su mandato, que la Constitución ha fijado en cinco años para todos los miembros del CGPJ.

El TC explica en este punto que el objetivo de esta regulación es evitar que el retraso de una de las Cámaras “

imposibilite la renovación íntegra del órgano”, “prevención” para una situación “excepcional” que el Legislador puede plasmar en la norma sin vulnerar

por ello la Constitución. Por otro lado, la sentencia explica que la norma según la cual el nombramiento fuera de plazo de una parte de los vocales provoca el acortamiento de su

mandato es la única que “garantiza que el CGPJ se renueve, para lo sucesivo, en su integridad”. Lo contrario supondría que una parte de los vocales disfrutarían de un mandato

superior al del órgano.

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El Pleno rechaza también la inconstitucionalidad del artículo que establece diferencias entre los vocales que forman la Comisión Permanente y el resto, al determinar

que los primeros ejercerán el cargo en régimen de exclusividad, mientras que lo segundos lo harán compatible con el ejercicio de sus respectivas profesiones. La sentencia señala

que esta previsión no vulnera el art. 127.1 CE, que prohíbe a los jueces y magistrados que estén en activo desempeñar otros cargos públicos. Esta prohibición, explica el TC, “no

alcanza a los cargos y funciones que se integran y se ejercen en el ámbito judicial y, especialmente, en el de su gobierno”.

La demanda cuestiona que el vicepresidente del Supremo, que no es miembro del CGPJ, pueda ejercer en funciones el cargo de presidente (tanto del Supremo

como del órgano de gobierno de los jueces) en casos excepcionales. El Tribunal explica que, en Derecho público, la sustitución no sólo implica el ejercicio de unas determinadas

competencias por otra persona, “sino que el titular de cierto órgano pase a serlo también, por llamamiento legal, de otro órgano distinto

”. Por tanto, quien viene por ley llamado a sustituir (en este caso el vicepresidente del Supremo), es, mientras dure la sustitución, “titular en funciones (…) del órgano cuyas competencias ejerce temporal o

circunstancialmente” (en este caso, la presidencia del Supremo y del CGPJ).

Madrid, 18 de noviembre de 2016

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JOSE MANUEL MAZA, NUEVO FISCAL GENERAL DEL ESTADO

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Fiscalía General del Estado

Ministerio Fiscal

El Artículo 124 de la Constitución española de 1978 establece que el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tienen como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

La Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial así como la Ley 50/1981de 30 de diciembre  Este enlace se abre en una nueva pantalla  regulan el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial.

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8. Quejas, reclamaciones y sugerencias de los ciudadanos

Otro instrumento relevante en el Plan de Transparencia Judicial es el mejor desarrollo del derecho de los ciudadanos a formular quejas, reclamaciones y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia y a recibir respuesta a ellas con la mayor celeridad, y en todo caso en el plazo máximo de un mes, que fue recogido ya en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

El Reglamento 1/1998, de 2 de diciembre, del Consejo General del Poder Judicial, de tramitación de quejas y denuncias relativas al funcionamiento de los juzgados y tribunales, y la Instrucción 1/1999, por la que se aprobó el protocolo de servicio y los formularios de tramitación de quejas, reclamaciones y previa información al ciudadano, vinieron a dar desarrollo reglamentario al artículo 110.2.m) de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la redacción consagrada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, cubriendo así el vacío normativo existente en el ámbito de la Administración de Justicia, sobre el derecho de los ciudadanos a recabar información, así como a formular quejas y reclamaciones en el citado ámbito. Conforme al Reglamento e Instrucción citados, los interesados podrán presentar sus quejas o denuncias, así como en general iniciativas y sugerencias relativas al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, en el Consejo General del Poder Judicial, en las Oficinas de Atención al Ciudadano y, allí donde no existan éstas, en los órganos judiciales o en los de gobierno. Igualmente podrán presentarse a través de los Registros contemplados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Sería, además, deseable la creación de un sistema de presentación telemática de las quejas. El estudio y divulgación del contenido de tales quejas, reclamaciones y sugerencias, de su tramitación y resultado, será también instrumento básico en una política de transparencia judicial que apunte a la búsqueda de soluciones a las disfunciones que hayan sido verazmente relatadas por los ciudadanos y por los usuarios de la Administración de Justicia, debiendo identificarse también el resultado de las diligencias informativas y, en su caso, expedientes disciplinarios, que traigan causa en las quejas de los usuarios, quienes podrán constatar, de este modo, que la responsabilidad, exigible a todas las Administraciones Públicas, es real y efectiva en la Administración de Justicia. El conocimiento estadístico de esta realidad servirá igualmente al Congreso de los Diputados para llevar a cabo un seguimiento y evaluación permanentes del desarrollo y cumplimiento de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, a cuyo efecto dispone la propia Carta que será regularmente informado por el Gobierno y los Órganos del Estado e Instituciones públicas a los que se solicite la información, añadiendo que la memoria anual elevada por el Consejo General del Poder Judicial a las Cortes Generales incluirá una referencia específica y suficientemente detallada a las quejas, reclamaciones y sugerencias formuladas por los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia.

 

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Todo esto está muy bien, pero la realidad es que el pasado mes envié

una queja al señor Ministro y se me devolvió sin admitirla siquiera.

Los mismos que redactan estas leyes y disposiciones tan interesantes

son los primeros que no quieren saber nada sobre molestias y quejas.

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En abril de 2012 un juzgado de Madrid dicta auto de Procedimiento Abreviado

contra un joven al que acusan de haber causado un daño valorado en 97,94 euros

y piden un condena de tres años de prisión.

Se pueden imaginar la angustia del joven y su familia debida a tal presión.

Fijan la fecha de juicio para el día 20 de Junio de 2016, pero no se puede celebrar porque falta un testigo.

Cinco testigos y cuatro Policías Nacionales han perdido la mañana.

El juicio se celebra el día 10 de octubre pasado, ni los testigos ni los Policías

reconocen al joven como autor; el Fiscal no cede y rebaja la pena a

cuatro mes de prisión. La Juez sentencia al joven como autor en grado de

tentativa a dos meses de prisión, sustituibles por una multa de 360 euros.

El Abogado Defensor de oficio recurre la sentencia porque es totalmente

claro que el joven no ha cometido tales hechos, estaba en lugar equivocado

y ello fue suficiente para que le hagan pasar este calvario.

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Sin embargo un asunto que procede del año 2005, cuando está a punto

de llegarse a la celebración del juicio, con penas solicitadas por el

Fiscal, Abogado del Estado, incluso el Juez de Instrucción, sorprendentemente

deciden dictar sobreseimiento provisional.

Se trataba de ocho fraudes fiscales de varios millones de coste

que de pronto han decidido que no eran interesantes para el Tesoro Publico.

Artículo 14 de la Constitución Española: Todos los españoles son

iguales ante la Ley…ta ta ta ta ta ta, ra ra ra, je je je je je, etc. 

La deuda pública sube en 2.822 millones en septiembre y se sitúa en el 100% del PIB

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La deuda sigue moviéndose en máximos históricos y supera el objetivo del 99,14% del PIB para todo el año,

 

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¿En España todos contribuimos como dispone la Constitución?

¿Los responsables cobran según los resultados de su gestión?

¿No hay demasiada gente agarrados a la ubre del Estado sin derecho alguno?

Erre que erre, erre que erre, erre que erre.

Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa- obtuvieron unos beneficios netos de 7.125,5 millones de euros en 2014.

 

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Endesa, con ganancias de 3.337 millones de euros y un incremento del 77%, fue la eléctrica con mayores beneficios,

 

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Iberdrola, que ganó 2.336,5 millones de euros, un 9,5% menos,

 

rafael villaseca marco índice

 

Gas Natural Fenosa, con 1.462 millones de euros, un 1,2% más

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Sistema capitalista, mientras unos piensan en los dividendos a otros les

tienen que cortar la luz, encienden velas  y a veces pasan cosas.

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“Se que algunos lo están pasando mal…” dicen. Pues que bien.

NUEVO GOBIERNO PRESIDIDO POR MARIANO RAJOY

AB XI LEGISLATURA 041116-juraministros    AC 04112016_FotoFamilia01

3.764.982 CIUDADANOS PARADOS               17.813.356 CIUDADANOS AFILIADOS

AD 1B4B-3FD2-Rajoyministros  AE SORAYA SAENZ SANTAMARIA

PRESIDENTE   RAJOY                                        VICEPRESIDENTA SORAYA SAENZ

AF DASTIS QUECEDO AG  COSPEDAL1

EXTERIORES  DASTIS                                                       COSPEDAL EJERCITO

AH Copia de MONTORO123.JPGE   AI ZOIDO ALVAREZ JIGNACIO215_12

MONTOROHACIENDA                           ZOIDO INTERIOR

AJ 151014catalainte  AJ IÑIGO DE LA SERNA

CATALA JUSTICIA                                              IÑIGO DE LA SERNA   FOMENTO

AK IñigoMendezVigo11           AL FATIMA BAÑEZ

MENDEZ VIGO  CULTURA                                       BAÑEZ          EMPLEO

AM NADAL BELDA 287_12   AN D793-D1BC-Tejerina

NADAL  ENERGIA             TEJERINA      AGRICULTURA

AO MONSERRAT MONSERRAT DOLORS 83_12                 AQ DE GUINDOS

MONSERRAT   SANIDAD                 DE GUINDOS ECONOMIA

1.102.114 BILLÓN    DEUDA PUBLICA ESPAÑOLA

    743.530 BILLON EN EL AÑO 2011

DEFICIT PUBLICO SEGUN LA UE   3%  Y 60 POR 100 LIMITE DE LA DEUDA PUBLICA

DEFICIT REAL    5,08 POR 100 HAY QUE REDUCIRLO 5.500 MILLONES DE EUROS

LA DEUDA PUBLICA SE ENCUNETRA POR ENCIMA DEL 100 POR 100 DEL PIB

ESTE ES EL PUNTO DE PARTIDA Y QUE PROCEDE RECONDUCIR A LOS

LIMITES QUE TENEMOS CONVENIDOS  CON LA UE

EL TC REVOCA LA CONDENA DEL SUPREMO AL JUEZ SERRANO Y DECLARA FIRME LA SENTENCIA DEL TSJA QUE LE CONDENÓ EN PRIMERA INSTANCIA POR PREVARICACIÓN IMPRUDENTE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Gabinete del Presidente         Oficina de Prensa

NOTA INFORMATIVA Nº  87 /2016

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La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo

presentado por el juez Francisco de Asís Serrano y ha anulado la sentencia del Tribunal

Supremo, que elevó de 2 a 10 años la pena de inhabilitación especial que le había sido

impuesta en primera instancia al interpretar que su conducta no fue imprudente, sino

intencionada. La Sala Primera considera vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva,

en su vertiente de derecho de acceso al recurso (art. 24.1 CE), así como el derecho a un

proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por lo que

anula la decisión del Supremo y declara la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía (TSJA). El Magistrado Juan Antonio Xiol, ponente de la resolución,

ha redactado un voto particular al que se ha adherido la Magistrada Encarnación Roca.

Los hechos que dieron lugar al recurso de amparo son los siguientes: el demandante, entonces juez de Primera Instancia

de Sevilla, prolongó durante dos días el periodo de estancia de vacaciones de un menor con su padre con el fin de que el niño

pudiera salir en la madrugada del Viernes Santo como paje de una Cofradía. La decisión

fue adoptada sin dar audiencia a la madre, al aceptar el juez la medida cautelar solicitada

por el abuelo del menor y tras expresar el niño su deseo de participar en la procesión.

Como consecuencia de la querella presentada por la madre del niño, el juez Serrano fue

condenado a 2 años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación culposa,

pues se entendió que había obviado las medidas familiares fijadas por un Juzgado de

Violencia. La Sala Segunda del Tribunal Supremo apreció intencionalidad en los hechos, le

consideró autor de un delito de prevaricación dolosa y elevó la pena a 10 años de

inhabilitación especial para el cargo de juez.

El demandante argumenta que la sentencia dictada por el Supremo vulneró

sus derechos por haber reconstruido la argumentación de un recurso planteado

erróneamente por la acusación. A este respecto, la Sala considera que “ el argumento

utilizado por el Supremo de considerar preponderante la voluntad impugnativa del

recurrente, frente a la defectuosa formalización del motivo – la cual, como tal, no se niega

- no se compadece con el carácter extraordinario del recurso de casación, tasado y estricto

en sus presupuestos ”. Ese carácter tasado “ generaba la confianza legítima ” en el

demandante de amparo de que el motivo de recurso “ no resultaría estimado en sentencia

por no haberse planteado adecuadamente ”.

francisco perez de los cobos 1h

El Tribunal no cuestiona la argumentación contenida en la sentencia dictada  por el Supremo, pero considera que éste incurrió en un “

exceso de jurisdicción (el motivo no debió ser admitido, tal como se planteaba, y menos todavía estimarlo ), en cuanto al

respeto a los presupuestos legales del recurso de casación”, lo que ha causado la lesión

del derecho al recurso (art. 24.1 CE) del demandante.

La Sala también considera que la sentencia dictada en casación vulnera el

derecho a un proceso con todas las garantías y a no sufrir indefensión (art. 24.2 CE). Y ello

porque la condena por prevaricación dolosa (delito del que el recurrente había sido

absuelto en primera instancia) “ se produce sobre la base de la revalorización probatoria de

la conducta del recurrente”. El Tribunal explica que, según la doctrina constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “

vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había

sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de

pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para

establecer su culpabilidad, siempre que no se haya celebrado una audiencia pública en

que se desarrolle la necesaria actividad probatoria (…)”.

En este caso, la agravación de la condena se fundó “exclusivamente, en una distinta valoración de pruebas personales

(declaración del acusado y testificales)”, sin que la presencia del acusado en estrados durante la celebración de la vista del recurso de

casación pueda considerarse garantía suficiente. La vista de los recursos de casación,

señala la sentencia, “no permite articular la celebración práctica de pruebas, tal y como la

propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, máximo intérprete de la legalidad procesal”,

ha reconocido en un acuerdo de 19 de diciembre de 2012.

En el voto particular, los Magistrados Xiol y Roca consideran que la sentencia debió rechazar íntegramente el recurso de amparo y confirmar la condena por delito de

prevaricación dolosa impuesta por el Supremo al demandante. Entienden que el Tribunal

no ha analizado la motivación de la sentencia del Supremo, sino que ha basado su análisis

en aspectos de “legalidad ordinaria” que no le corresponde valorar; en concreto “

el grado de flexibilidad con el que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debía interpretar los

requisitos formales de admisibilidad de un concreto motivo de casación”.

Por otra parte, afirman que el objeto de debate que se planteó en la casación nada tenía que ver con la

valoración de pruebas personales que exigieran la celebración de un nuevo juicio oral; y

que, en este caso concreto, se cumplieron todas las garantías pues el demandante,

sentado en el estrado, “intervino directa y personalmente en la vista dirigiéndose al órgano

judicial para alegar lo que a su derecho convenía en atención al debate que se estaba

desarrollando”.

Madrid, 27 de octubre de 2016

tribunal-supremo--644x362CARLOS LESMES 1

Un Juez es inhabilitado por permitir que un niño de 12 años asista a una procesión,

Un joven es condenado a cuatro meses de prisión sin testigo de cargo alguno y sin daño causado,

cuatro ciudadanos defraudan a Hacienda cifras importantes y después de doce años

de instrucción deciden sobreseer el asunto porque unas pruebas han prescrito

por negligencia en la conducción de la instrucción del Fiscal y Abogado del Estado

consentidos por su Señoría.

¿Esta es la Justicia que emana del Pueblo y se ejerce en nombre del Rey….?

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